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Las estadísticas de consumo demuestran la urgencia de mantener este derecho: un usuario de la Costa Atlántica necesita y utiliza el gas de red entre 6 y 8 meses al año, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se consume solo durante 3 meses. No se puede medir con la misma vara a regiones con necesidades energéticas totalmente distintas. 

Si este proyecto se termina de aprobar, el impacto en la economía doméstica de la provincia de Buenos Aires será automático: más de 1.300.000 bonaerenses perderán el beneficio y sufrirán un aumento inmediato de entre el 50% y el 100% en sus facturas de gas. Esto obligará a miles de hogares a restringir la calefacción, afectando directamente la salud de los sectores más vulnerables. 

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires sostienen con firmeza que el frío no distingue criterios económicos ni políticos. Es fundamental defender los derechos adquiridos que cuidan la salud y el bolsillo de los ciudadanos frente a las bajas temperaturas.