Provincias como Neuquén, Córdoba, Misiones, Salta, San Luis y Santa Fe avanzaron con proyectos o ya implementaron narcotest para funcionarios, una tendencia que traslada el debate desde las condiciones de acceso al cargo hacia el ejercicio mismo de la función pública. En ese marco, la idoneidad comienza a pensarse no solo como un requisito de ingreso, sino también como una condición que puede ser monitoreada durante la gestión.
La coordinadora académica de la Maestría en Administración Pública de la UBA, Rosario Sacomani, remarca que se trata de un concepto más complejo de lo que suele suponerse. “La idoneidad tiene diversas aristas. Por un lado, tiene que ver con el criterio técnico de cumplir con los requisitos de acceso y depende del cargo, porque no es lo mismo lo que se necesita para ser diputado de la Nación que para ser juez de la Corte Suprema o ministro de Gobierno”, explica.
Esa heterogeneidad entre funciones estatales también redefine cómo se evalúa la capacidad de quienes ocupan cargos públicos. Para Sacomani, el problema aparece cuando se reduce la idoneidad a una instancia inicial y estática. “Cada cargo tiene su especificidad y sus propias normas de acceso. Pero ese es un requisito técnico, procedimental y, en ese sentido, es inherentemente reduccionista: es como sacar una foto al inicio de una obra de teatro y pensar que esa foto es toda la obra”, plantea a El Auditor.info.
A partir de esa mirada, la especialista afirma que la idoneidad no puede entenderse como una condición fija, sino como una capacidad que debe sostenerse a lo largo del ejercicio de la función pública. “No pasa solamente por cómo se ingresa o se ejerce el cargo, sino que implica también la capacidad del funcionario de revalidar ese conocimiento o esas características que le permitieron el acceso”, sostiene.
En esa línea, la especialista vincula el concepto con la orientación a resultados y la responsabilidad institucional, en un contexto donde la función pública implica rendición de cuentas permanente. “Tiene que ver con el desempeño orientado a resultados públicos, porque para eso está la función pública; cada funcionario tiene un compromiso ético con la ciudadanía”, agrega.
A su vez, incorpora la dimensión política y organizacional del Estado, donde la idoneidad también se expresa en la capacidad de articulación, negociación y liderazgo dentro de estructuras complejas. “Hoy, un funcionario idóneo tiene que poder distinguir qué es políticamente posible, qué alianzas se necesitan y dónde están los vetos a las decisiones que quiere impulsar. Tiene que contar con capacidad de negociación y de articulación con otros actores y niveles de gobierno”, señala.
En ese escenario, los narcotest aparecen como una de las herramientas elegidas por algunas administraciones provinciales para incorporar controles durante el ejercicio del cargo. Su implementación, sin embargo, también abre interrogantes sobre los límites de este tipo de políticas y sobre el equilibrio entre el control estatal y la esfera privada de los funcionarios.
Sacomani ubica estos dispositivos en un punto de tensión entre transparencia institucional y límites del poder estatal sobre la esfera privada. “Los narcotest tocan una fibra sensible porque están en una intersección bastante incómoda entre lo que es la idoneidad y los límites del poder punitivo del Estado”, plantea.
Desde una perspectiva funcional, reconoce que existen argumentos que justifican su implementación cuando se vinculan con la responsabilidad en la toma de decisiones públicas y el uso de recursos del Estado. “Tenés funcionarios que, cuando toman decisiones públicas, tienen responsabilidades civiles y penales, por lo tanto es exigible que lo hagan en un estado de lucidez y estabilidad psicofísica. En este sentido, si una persona consume sustancias, eso puede impactar directamente en las decisiones que toma y en el uso de los recursos de la ciudadanía”, explica.
Sin embargo, advierte que el sentido de estas políticas depende de su diseño y de los objetivos que las orientan, ya que pueden derivar en enfoques muy distintos. “La pregunta no es si está bien o mal hacer un narcotest, sino con qué finalidad se hace. Porque si esa política no incorpora una dimensión de asistencia o abordaje del consumo problemático, corre el riesgo de aportar un sesgo político-criminal en lugar de uno orientado a la eficiencia administrativa”, sostiene.
El caso de Neuquén
En Neuquén, la implementación de los narcotest comenzó a partir de la reglamentación de la Ley Provincial 3531, que estableció controles toxicológicos para funcionarios de alta jerarquía. Desde el Ministerio de Salud provincial explican que la política se inscribe en un esquema de control de integridad y transparencia sobre el ejercicio de la función pública. “La implementación de los exámenes toxicológicos está motivada por la necesidad de asegurar la transparencia institucional y de garantizar de forma estricta que los funcionarios no tengan relación ni vinculación con el narcotráfico ni con el narcomenudeo”, indican a El Auditor.info.
En ese diseño, se aclara que no se trata de un requisito para acceder al empleo público, sino de una condición de permanencia en cargos jerárquicos. “Esta medida no constituye una condición de ingreso, sino que se define como un control complementario y como una condición de permanencia”, señalan, al tiempo que detallan que un resultado positivo no implica necesariamente la expulsión del Estado, sino el cese en la función de conducción y el regreso a la categoría de origen.
El sistema también incorpora garantías procedimentales para los funcionarios alcanzados, especialmente en lo referido a la confirmación de resultados y la posibilidad de contraprueba. “Ante un test rápido positivo, se ordena de forma inmediata un análisis confirmatorio. El funcionario cuenta con el derecho de solicitar una contraprueba dentro de las 24 horas en un establecimiento distinto”, explican.
A esto se suma un esquema de trazabilidad digital de la información médica, orientado a resguardar la confidencialidad y el acceso controlado a los datos. “Este sistema garantiza la trazabilidad absoluta del dato, registrando de forma auditable cada ingreso a la historia clínica y permitiendo aplicar las medidas sancionatorias correspondientes ante cualquier acceso no autorizado que vulnere la privacidad del paciente”, detallan.
