El fallo, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, ratificó la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla y dejó firme el procesamiento de ambos funcionarios, quienes integraban por entonces la coalición Juntos por el Cambio en el distrito. La investigación determinó que Rappallini y Otermín coordinaron la obtención de documentos de identidad de vecinos a cambio de dinero, gestiones municipales, ayudas sociales, alimentos, materiales de construcción y colchones.
Aquella elección fue particularmente reñida: Rappallini obtuvo la reelección con 4.212 votos frente a los 4.163 de su rival del Frente de Todos, Carlos Coudannes, una diferencia de apenas 49 sufragios. La causa penal se inició el mismo día de la votación, cuando múltiples ciudadanos denunciaron haber entregado sus DNI a personas vinculadas a la estructura municipal y no haberlos recuperado a tiempo para votar.
Maniobra sistemática contra sectores vulnerables
El expediente reunió el testimonio de 27 damnificados directos de la localidad, de los cuales 19 no lograron sufragar aquel domingo. Sin embargo, la investigación advierte que el volumen de la maniobra sería mayor, ya que los denunciantes señalaron que familiares y allegados también fueron afectados. Las víctimas fueron, en su mayoría, personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, principalmente mujeres con hijos a cargo.
Pruebas contundentes: mensajes de WhatsApp y testigos
La investigación reconstruyó el circuito de captación de documentos a través de declaraciones testimoniales y mensajes de voz de WhatsApp que evidenciaron «el carácter organizado de las maniobras investigadas» . Un policía imputado confesó haber entregado los DNI directamente al intendente Rappallini, y una funcionaria procesada admitió en un mensaje que los documentos estaban guardados «en el gabinete» municipal.
«Una suerte de muerte civil»
Los jueces pusieron especial énfasis en la gravedad de los hechos. «La raíz de todo sistema democrático es el sufragio, sin cuyo reconocimiento no hay pueblo ni instituciones populares», sostuvo el tribunal en sus fundamentos, y añadió que «la retención de los documentos destinados a acreditar la identidad, por más que fuese transitoria, implicaría condenar a la persona a una suerte de muerte civil».
Además del procesamiento, la Cámara mantuvo los embargos preventivos de 30 millones de pesos sobre los bienes de Rappallini y Otermín, y la prohibición de comunicarse con las víctimas y testigos. El procesamiento no implica una condena definitiva, sino que establece que existen elementos suficientes para que los imputados continúen sometidos al proceso penal
