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Un diagnóstico conceptual y numérico de la crisis presupuestaria señala que entre 2023 y 2026, las universidades han sufrido un recorte real del 45,6 por ciento de los fondos; es decir, perdieron casi la mitad de sus recursos. Pero, además, los ingresos de los docentes y no docentes cayeron el 32 por ciento y hoy los salarios universitarios están en el nivel más bajo de los últimos 23 años;uno de los peores desde el retorno de la democracia.

Con esas cifras, la discusión ya no se enfoca sólo en el plano económico, en las líneas de subsistencia, sino que pasa también a ser simbólica. Ya no es únicamente un planteo para garantizar que los salarios traspasen los umbrales mínimos de pobreza e indigencia, sino que además compete a la integridad. Un sueldo en esos niveles es denigrante porque le está diciendo a quien lo cobra que su trabajo, en este caso la formación de profesionales, no tiene demasiado sentido. Es casi el equivalente a un insulto.

En ese punto, hay una valoración intrínseca que el gobierno de Milei hace de los docentes pero, además, de la educación universitaria pública en general.

Hay una característica notoriamente marcada en el gobierno nacional: su vacío discursivo con respecto a lo que pretende del sistema universitario. Hasta ahora, solamente ha reducido la discusión a un plano presupuestario pero, además, ha cargado de disvalor a todo lo que está relacionado con las universidades públicas. De los datos se desprende que pretende desfinanciarlas a corto y largo plazo -y lo está haciendo- pero ninguno de sus funcionarios, ha expresado cuál es el modelo de educación superior del presidente Milei.