El artículo 2° enumera pautas básicas de conducta ética. Entre las más importantes, establece que los funcionarios deben no recibir beneficios personales indebidos por hacer, demorar u omitir actos propios de su función, y que deben cuidar los bienes del Estado, usándolos solo para fines autorizados. También prohíbe usar información obtenida en el cargo para intereses privados o ajenos a la tarea oficial.

Ahora bien, desde los primeros meses del gobierno de Javier Milei, apareció un grupo de personas que trabajan en el Estado pero también cobran ingresos por otros lados, ya sea públicos o privados, y cuyas funciones podrían ser incompatibles con los cargos que ocupan. El problema se agrava porque muchos de estos puestos no están dentro del Sistema de Empleo Público, no se sabe cuánto ganan —si ganan— y la mayoría depende de la Jefatura de Gabinete.

Todos estos cargos tienen algo en común: son ad honorem, es decir, no cobran sueldo. Para Natalia Torres, politóloga e integrante del Instituto Argentina Grande, esto no es casual. “Se hace así para esquivar las responsabilidades y controles que tienen los cargos de alta dirección”, explica en diálogo con el portal El Auditor.

Torres es tajante: “Manejan áreas clave del Estado como si fueran ministros o secretarios, pero sin haber sido nombrados formalmente”. Se presentan como “asesores”, aunque participan de la gestión y toman decisiones centrales. El problema es que no presentan declaraciones juradas, no informan conflictos de intereses, no publican audiencias, ni registran viajes u obsequios. “La rendición de cuentas queda totalmente debilitada”, advierte.

El Instituto Argentina Grande elaboró un informe a partir de un relevamiento que va desde el inicio de la gestión hasta noviembre de 2024. Allí detectaron 68 funcionarios ad honorem, de los cuales solo 16 son mujeres. El rastreo se hizo a partir de búsquedas en Infoleg, aunque aclaran que hay decretos que ni siquiera aparecen publicados, por lo que el número real podría ser mayor.

En los casos visibles, los decretos no explican por qué esas designaciones son sin sueldo, ni detallan fundamentos ni expedientes que respalden la decisión administrativa. En muchos textos solo se aclara que la propia persona pidió que el cargo sea ad honorem.

Pero hay situaciones aún más difusas. “Con los hijos del ministro de Economía, Luis Caputo, bajamos un escalón más en la informalidad”, señala Torres. Según explica, no existe designación oficial —o al menos no se conoce—, por lo que no se sabe qué hacen, bajo qué modalidad trabajan ni qué objetivos tienen.

La polémica se desató cuando Luis Caputo contó en redes sociales que dos de sus hijos trabajan con él, gratis, para el Estado. A partir de ahí surgieron varias preguntas: ¿cuáles de sus seis hijos son?, ¿qué rol cumplen?, ¿qué cargo tienen?. Nada de eso figura en contratos, decretos ni comunicados oficiales. Desde el Ministerio de Economía solo informaron que “realizan tareas de colaboración y apoyo”, sin horarios, frecuencia ni régimen de asistencia.

A esto se suma otro caso llamativo: el de Santiago Caputo, sobrino del ministro, quien figura como monotributista en la Secretaría General de la Presidencia, bajo el decreto 1109/17, contratado como “profesional autónomo”.

Según Torres, este esquema es especialmente opaco, porque le permite influir en decisiones sin firmar nada, sin registrar reuniones oficiales y sin presentar declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Torres aclara que no es la primera vez que un gobierno recurre a funcionarios ad honorem, pero subraya el verdadero problema: no se explica por qué se exceptúa el pago del salario. “Sin esa justificación, es casi imposible descartar conflictos de intereses o captura del Estado”, afirma.

Y deja flotando dos preguntas incómodas: ¿quién les paga realmente por ese trabajo? y ¿por qué alguien asumiría semejante nivel de responsabilidad sin cobrar un sueldo?