A pesar de todo lo que se publica, el nivel de recaudación en Argentina está por debajo de los estándares internacionales. La presión fiscal en 2019 del país fue del 28,4 % del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 34,3 %.

Pero además la composición tributaria en Argentina es muy desigual en cuanto a quiénes soportan su carga. La mayoría de lo que pagamos procede de impuestos indirectos, o sea, los más regresivos e injustos. En cambio, gran parte de lo que se evade y elude se concentra en aquellos que tienen más ingresos.

El sistema tributario argentino bien podría recaudar más y con más justicia fiscal sin necesidad de aplicar más impuestos. Bastaría, por un lado, con simplificar y reordenar la matriz impositiva (que tiene 85 tributos a nivel municipal, 39 provinciales y 41 nacionales) y, por otro lado, con unas reformas específicas orientadas a detener la evasión y la elusión.

La lucha contra la evasión es la tarea más complicada porque, aunque se persiga y se disponga de un conjunto de incentivos para evitarla, en gran medida depende de la predisposición de ciertos sectores económicos a realizar prácticas ilícitas, por afuera de la ley.

Por eso, una de las vías más plausibles e inmediatas para mejorar el sistema tributario es erradicar la elusión. La clave está en una mejor redacción de la base legal de cada tributo, de forma tal que no se permita un uso abusivo de las ventajas fiscales, sin razón económica ni social.

En Argentina, por ejemplo, es inadmisible que la tasa legal del impuesto que tienen que pagar las empresas difiera tan significativamente de la tasa efectiva, la que realmente pagan. La tasa legal era en 2018 del 30 %, pero a la hora de la verdad, el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios fue del 7,8 %. ¿Qué pasó con el resto que debían pagar? No lo pagaron (mal) aprovechándose de la letra pequeña de la ley. Buscaron y encontraron cada grieta legal gracias a una ingeniería fiscal muy bien desarrollada por sus equipos técnicos. Este tipo de comportamiento elusivo es llevado a cabo por las grandes empresas, no por las pequeñas y medianas.

Entre estas y otras prácticas elusivas, en Argentina se deja de pagar en impuestos el equivalente a un 2,74 % del PIB gracias a ventanas legales que lo permiten. O, lo que es lo mismo: se pierde un 9 % del total de recaudación. Seguramente muchas de esas exenciones tributarias están justificadas, porque se quiere promocionar un determinado sector económico, o una zona geográfica. Pero cuando se mira con lupa esa caja negra, se encuentran tantas excepciones respecto al principio genérico que pareciera que no pagar impuestos es la regla general.

El mejor ejemplo se encuentra en la exención del impuesto a las ganancias para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En el año 2021 dejarán de pagar 41.285 millones de pesos. ¿Por qué? Por nada. O, más bien, sí. Porque son un grupo de poder que logró este beneficio para sí sin que eso tuviera ninguna repercusión social ni económica para el país. Si se estableciera lo contrario, o sea, que paguen su correspondiente impuesto sin exenciones, se acabaría esta fuga anual que equivale al 21 % del presupuesto anual del Ministerio de Salud, o al 130 % del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o al 665 % del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Aún resta mucho por hacer para avanzar en calidad y cultura tributaria en Argentina. Todos los que hablan de equilibrio fiscal siempre se olvidan de esta vía, la de evitar fugas y filtraciones que están permitidas por ley, y de la que se aprovechan mayoritariamente los que más tienen. Y también obvian lo que no se paga por evasión, o por riquezas no declaradas offshore (que según datos de 2017, suponía el 74,8 % del PIB), o por bases tributarias subevaluadas por no existir un catastro de propiedades ajustado a los precios de mercado; o lo que dejan de pagar las gigantes tecnológicas (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix) que operan en el país; o lo que poco que tributan las rentas del capital.

Visto lo visto, en Argentina, a la hora de discutir sobre los impuestos, también sería más que pertinente hablar de aquellos que no los pagan y deberían hacerlo.


*Mariana Dondo, doctora en Ciencias Sociales y Humanas (U.N.Quilmes). Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Política y Gestión Pública (U.N.Quilmes). Diplomada en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO). Licenciada en Economía (UBA). Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro.

*Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España.Actual director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).