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En la sexta sesión ordinaria del año, el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por unanimidad siete informes. Los documentos ponen la lupa sobre la falta de planificación en políticas públicas y las fallas de supervisión en áreas estratégicas. Con fuertes cruces técnicos, los auditores señalaron deudas históricas del Estado en materia ambiental y financiera.

Estuvieron presentes el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y los auditores generales Juan Ignacio Forlón, Javier Fernández, Pamela Calletti, Luis Naidenoff, Mónica Almada y Mariano Piazza.

La auditoría sobre los programas de construcción de viviendas, que abarcó el período 2017-2022, reveló un vacío en la planificación estratégica. Calletti fue tajante al respecto: “No se encontró evidencia de que hubiera habido un diagnóstico de calidad para diseñar y planificar las políticas de construcción de vivienda”. Además, advirtió que la falta de herramientas de medición impide corregir errores: “Los indicadores no permiten alcanzar un avance en la gestión ni detectar oportunidades de mejora”.

Respecto al Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), auditado por el período 2023-2024, Olmos calificó la situación como una "debilidad estructural histórica del proyecto auditado, derivada de la falta de aprobación del plan estratégico de gestión de residuos radiactivos".

Naidenoff profundizó la crítica: “De los ocho sitios seleccionados, solo Malargüe fue efectivamente remediado”. Advirtió que, ante el actual contexto de inversiones, el Estado debe fortalecer su rol de fiscalización. “Aquí no se trata de un choque de posiciones entre inversión y desarrollo por un lado, y el medio ambiente por el otro, sino de compatibilizar los roles”, aseguró.

Sobre el SENASA, se auditó la gestión del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene de Alimentos (CREHA Vegetal-Animal) durante 2023-2024. El informe detectó una planificación del monitoreo vegetal sustancialmente menor e inconsistente frente a la de origen animal, además de fallas en las sanciones para importadores.

En materia de servicios financieros (período 2022-2023), la AGN detectó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no logró adaptar su reglamentación al avance tecnológico. Forlón destacó la “ausencia de un marco normativo específico de controles para la prevención de fraudes y estafas al usuario financiero” y marcó, además, la falta de supervisión sobre los proveedores de servicios de pago.

Al aprobar los estados financieros del ejercicio 2025 del Programa de Innovación Federal, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fernández hizo hincapié en la trazabilidad de los fondos. Explicó que la AGN realiza un seguimiento minucioso de los “gastos de consultoría” para “alertar públicamente sobre posibles desvíos de la trazabilidad normal de un programa de endeudamiento externo”.

Asimismo, entre otros informes tratados, se aprobaron los estados contables 2023 del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para pagos de retiros y pensiones militares y se validó la certificación de indicadores de desembolsos del Ministerio de Capital Humano (período octubre de 2025) para programas de educación secundaria y superior. El Colegio de Auditores Generales programó una nueva sesión para el jueves 11 de junio.