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Uno de los últimos hallazgos judiciales es la comprobación de un cobro de 20% de retorno sobre contrataciones públicas de parte de intermediarios que hoy acorrala al entorno más íntimo del presidente Javier Milei.

En tal sentido, los peritajes realizados sobre los dispositivos de los principales intermediarios terminaron por confirmar que las empresas proveedoras de insumos médicos y ortopédicos debían abonar de manera obligatoria dicho porcentaje para asegurar la adjudicación de licitaciones. 

Es así que las planillas secuestradas a Miguel Ángel Calvete exponen la contabilidad paralela de la organización, donde constan registros que coinciden con las transferencias emitidas por el organismo hacia firmas como Artrobone y Expo Trauma S.A.

Las derivaciones de este circuito de coimas comprometen la situación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a partir del hallazgo de una línea de recaudación documentada en el mismo material probatorio. 

Es que las anotaciones manuscritas incautadas detallan un presunto desvío complementario del 3% de los contratos bajo la nomenclatura de “KM”, con lo que todo hace parecer que, en los hechos, se refiere a la hermana del presidente. 

En este contexto, por estas horas el fiscal Franco Picardi busca avanzar en la determinación de las siglas que van en línea con la cadena de audios filtrados del ex director del organismo Diego Spagnuolo.

En esas grabaciones, el exfuncionario describe la existencia de un mecanismo coordinado desde las más altas esferas del poder para retirar dinero proveniente de distribuidoras farmacéuticas, nombrando de manera directa a la funcionaria.

Pero la cuestión no queda allí, porque la justicia logró comprobar que este desvío de fondos se ejecutaba a través del Sistema Informático de Licitaciones y Proveedores (Siipfis), una plataforma de uso cerrado que funcionaba al margen del portal oficial Compr.Ar, lo que permitía manipular las cotizaciones y restringir la participación a las empresas que aceptaban las condiciones del retorno del 20%. 

Una auditoría realizada por el Ministerio de Salud sobre 505 expedientes detectó sobreprecios que alcanzan el 4.239% en insumos ortopédicos, además de compras millonarias concentradas en firmas de poca o nula capacidad operativa.

La investigación viene acumulando estas y otras pruebas que sirven como argumento para mantener la acusación de una asociación ilícita que ahora tiene a 19 personas procesadas entre ex funcionarios de ANDIS y directivos de las droguerías.

Es así que a Diego Spagnuolo y a Daniel María Garellini se los señala como los organizadores del esquema de corrupción dentro de ANDIS mientras que el rol de articuladores con el sector privado recae sobre Miguel Ángel Calvete y el exmédico Pablo Atchabahian. 

Una de las cuestiones en la que intenta avanzar la investigación judicial tiene que ver con la ruta del dinero para tratar de establecer los beneficiarios de esta red de corrupción.

Para tal fin, se realizarán una treintena de indagatorias a empresarios del grupo farmacéutico y dentro de Casa Rosada temen que terminen vinculando a una Karina Milei que cuando pudo dar las explicaciones frente al Congreso de la Nación prefirió ausentarse.

Lo cierto es que el hallazgo de los retornos del 20% que ya se pudo comprobar no hace más que demostrar que se está avanzando en la ruta del dinero y que, en su desenlace, promete comprometer la situación de Karina Milei.