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La firma había entrado en concurso de acreedores en noviembre de 2021 en el marco de una profunda crisis que impedía su sostenibilidad financiera. Los problemas se remontaban por lo menos a 2019, cuando había comenzado a demorarse el pago de sueldo a trabajadores de la empresa. Dos años después, tras un cambio de propiedad, se produjo una serie de cierre de sucursales y el despido de más de 3.800 empleados por la quiebra.

Este jueves, el juzgado a cargo del caso resolvió la clausura de la cadena bajo el argumento de que no existen condiciones para continuar con el concurso de acreedores iniciado en 2021. Además, el magistrado decretó mantener la inhibición general de los bienes, inhabilitar la explotación del comercio, proceder al cierre de las cuentas bancarias y prohibirle a los ejecutivos de la marca salir del país sin autorización previa.