La resolución de la jueza Vanessa Kozaczuk incluyó el libramiento de un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con mención al juzgado de la ciudad atlántica y hacia a las personas facultadas.
En diciembre pasado, cuando la Cámara alta no logró aprobar el diploma de la rionegrina, quien debió permanecer en la Cámara de Diputados con mandato hasta el 2027, el juez Santiago Morán había ordenado otro embargo por una suma total de 40,5 millones de pesos, desglosados en 27 millones de pesos correspondientes al capital reclamado y 13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales.
La denuncia relató que Lorena Villaverde habría celebrado un contrato de compraventa de unos terrenos dentro del emprendimiento “Tajamar”, desarrollo inmobiliario, donde se habrían recibido pagos durante años que comenzaron en el 2020, pero sin que se cumplieran las obras de infraestructura prometidas, ni se avanzara con la posibilidad de escrituración del lote.
Entre otros puntos, la demanda judicial exige la nulidad del contrato y la devolución de las sumas de dinero abonadas con actualización por IPC. También se solicita una reparación de los daños ocasionados dentro del marco de la Ley 24.240 de Protección y Defensa de los Derechos de los Consumidores.
Las causas que involucran a Lorena Villaverde abarcan un conjunto de procesos judiciales tanto en Argentina como en Estados Unidos, con antecedentes que se remontan a principios de los años 2000. Su historial incluye una condena por narcotráfico en Florida, donde fue detenida en 2002 con cocaína y dinero no declarado, lo que derivó en una sentencia y posterior libertad condicional. También figura una causa previa por obstrucción de la justicia en 2001, vinculada a una investigación policial en Miami Beach.
En Argentina, Villaverde enfrenta múltiples denuncias por estafas inmobiliarias, todas relacionadas con el emprendimiento “Tajamar” en Las Grutas. Diferentes compradores la han acusado de incumplir obras de infraestructura prometidas, de no avanzar con las escrituraciones y comercializar lotes sin habilitaciones municipales.
