El nuevo esquema —denominado «Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones»— se traduce en una ecuación simple: más peajes, tarifas duplicadas y ninguna obra estructural nueva.
La firma privada reemplazó a la estatal Corredores Viales S.A. e instaló dos nuevas estaciones de cobro, en Gorostiaga y Lonquimay, elevando el valor del peaje para vehículos livianos a casi 2.800 pesos por tramo. Viajar por esta ruta se ha convertido, pagar por un servicio que no se presta.
Por ese incremento, el contrato solo exige tareas de mantenimiento y conservación, es decir, los usuarios pagan el doble para transitar por la misma ruta precaria de siempre, garantizando así la rentabilidad de la empresa concesionaria.
El reclamo que se viene
Organizaciones vecinales y especialistas en seguridad vial cuestionan que el Estado Nacional haya firmado un contrato a 20 años sin exigir como contraprestación, la culminación de un proyecto tan estratégico.
El rol de Vialidad
Vialidad Nacional sostiene que su rol se limitará a «fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio», pero la decisión de priorizar la rentabilidad privada sobre la integridad de quienes transitan a diario enciende alarmas sobre el modelo de gestión elegido.
