Las muestras, recolectadas entre febrero y abril por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, registraron concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi en uno de los vuelcos provenientes del sistema pluvial de la planta, lo que enciende alarmas por la cercanía con áreas sensibles del sistema hídrico local.
Este nuevo episodio se suma a antecedentes recientes que evidencian la persistencia de la contaminación en la zona, como la detección de residuos peligrosos en una barranca lindante y la aparición de plaguicidas en pozos y puntos de la red de abastecimiento de agua de San Nicolás.
Fabián Maggi, abogado de los vecinos afectados y de FOMEA, aseguró que «los análisis confirman un nuevo y gravísimo episodio de contaminación asociado a Atanor», y cuestionó que los organismos de control «reconocen que estos compuestos provienen del conducto pluvial de la empresa, aunque luego intentan minimizar la gravedad de los resultados». Para Maggi, lo que está en discusión no es solo la responsabilidad empresarial, sino también «el funcionamiento de un sistema de fiscalización ambiental que volvió a fallar» en un hecho de enorme trascendencia para la salud pública y la protección del río.
Retirada de Atanor
El hallazgo se produce mientras la planta atraviesa un proceso de desmantelamiento y recomposición ambiental posterior a la explosión de marzo de 2024, por la cual la Justicia ordenó la detención de la producción de agroquímicos. La movilización y desmontaje de estructuras históricamente vinculadas a la producción y almacenamiento de agroquímicos exige controles rigurosos para evitar nuevos episodios de contaminación y la dispersión de contaminantes acumulados durante décadas.
Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace Argentina, advirtió que «la contaminación no terminó cuando Atanor dejó de producir» y sostuvo que los resultados refuerzan las advertencias sobre los riesgos de movilizar contaminación acumulada.
Avance de la investigación
El escenario se agrava en un contexto de avance de las investigaciones judiciales: la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó tomar declaración indagatoria a seis directivos de la empresa, cinco funcionarios del entonces OPDS y tres expresidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en hechos históricos de contaminación del Río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire.
La causa, iniciada hace más de una década por denuncias de vecinos, investiga posibles vuelcos y enterramiento de residuos tóxicos, así como presuntas omisiones de control estatal. Greenpeace y FOMEA exigen que se profundicen los controles, se garantice el monitoreo permanente, se esclarezcan las responsabilidades que investiga la Justicia y se adopten todas las medidas necesarias para evitar nuevos episodios de contaminación que puedan afectar al río, a los ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos. FUENTE: AG. DE NOTICIAS: InfoGEI
