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El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que la percepción de corrupción en el gobierno de Javier Milei ya dejó de ser un tema lateral para convertirse en un factor central del desgaste oficialista. El dato más delicado para la Casa Rosada no es sólo que el 57,3% perciba corrupción generalizada en la gestión o que el 60,2% interprete las denuncias como parte de un problema general de gobierno, sino que esa lectura empieza a golpear directamente sobre la promesa con la que Milei construyó su legitimidad: la idea de venir a enfrentar a “la casta”.

Cuando el 66,6% afirma que ese pacto se rompió y que el Gobierno terminó siendo parte de aquello que prometía combatir, lo que se erosiona no es únicamente la imagen de una administración, sino el núcleo simbólico que le daba sentido político a su discurso. En otras palabras, la sociedad empieza a percibir una contradicción entre el relato fundacional del mileísmo y la forma en que hoy se interpreta su ejercicio del poder.

En esa misma línea, el MOP muestra que la pérdida de credibilidad del Gobierno frente a los casos de corrupción no se agota en la percepción sobre hechos ya conocidos, sino que empieza a comprometer algo todavía más profundo: la confianza en su voluntad real de prevenirlos. El 66,6% de los consultados considera que la administración de Javier Milei no está comprometida con evitar hechos de corrupción, contra apenas un 32,2% que le reconoce algún grado de compromiso. Ese dato es políticamente delicado porque corre la discusión desde las denuncias puntuales hacia una sospecha más estructural sobre la forma de ejercicio del poder.

Ya no se trata de cuánto daño hacen los episodios concretos, sino de la sensación de que el Gobierno dejó de encarnar aquella promesa de limpieza institucional que fue uno de los núcleos de su construcción política. Cuando la percepción de lucha contra la corrupción empieza a desgastarse, también se erosiona uno de los blindajes simbólicos con los que el oficialismo venía amortiguando otros costos, especialmente los económicos.

En ese contexto, el deterioro moral se superpone con el desgaste de gestión: cae la aprobación presidencial hasta el 33,1%, mientras crece la idea de que el pacto anticasta se rompió y que el Gobierno terminó pareciéndose a aquello que decía venir a combatir. Ahí aparece uno de los movimientos más sensibles del clima social actual: las denuncias no sólo afectan la imagen pública del oficialismo, sino que empiezan a tocar su zona más íntima, el núcleo identitario que lo diferenciaba del resto del sistema político.