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Para Víctor Malumián, representante de Editorial Godot, la norma cumple un rol central dentro del funcionamiento de la industria editorial argentina. “La Ley sigue siendo la columna vertebral del mercado editorial argentino al fijar un precio único de venta al público, evita que las grandes cadenas compitan a la baja y aplasten a las librerías independientes”, explicó. Según señaló, el esquema actual permite sostener una red de comercios que funciona como un canal de venta fundamental para el sector.

La ley establece que una misma edición debe comercializarse al mismo precio en todo el territorio nacional, sin importar si el ejemplar se compra en una librería de barrio, una cadena comercial o un supermercado. El objetivo de esta regulación es evitar que los actores con mayor capacidad económica puedan aplicar descuentos que los pequeños comercios no tienen posibilidad de sostener.

El origen de esta medida se encuentra en la crisis económica de 2001. En ese momento, las librerías independientes enfrentaban dificultades para competir con grandes cadenas comerciales y supermercados que utilizaban los libros como un producto de atracción para captar clientes. Como sus ingresos provenían de múltiples rubros, podían ofrecer esos ejemplares a precios más bajos y competir en condiciones que las librerías pequeñas no podían sostener.

"Fijar un precio único de venta evita que las grandes cadenas compitan a la baja y aplasten a las librerías independientes", explica Víctor Malumián.

Desde el sector editorial sostienen que la norma permitió mantener un mercado más equilibrado y favoreció el crecimiento de nuevas editoriales y librerías en distintas regiones del país. Malumián advierte que una eventual eliminación de la ley podría modificar esa estructura: “Sin esta ley, el mercado tendería a concentrarse rápidamente en pocos actores con poder de compra lo que a mediano plazo termina subiendo el precio final para el lector”.

Uno de los principales argumentos del Gobierno para avanzar con la derogación es que la eliminación del precio fijo permitiría una mayor competencia y una posible reducción del valor de los libros. Desde esa mirada, una mayor libertad comercial permitiría que las empresas puedan aplicar promociones y descuentos con mayor facilidad.

Sin embargo, desde la industria editorial cuestionan que esa relación entre desregulación y precios más bajos esté comprobada. Malumián sostiene que existen antecedentes internacionales que muestran resultados diferentes a los esperados. “No hay evidencia de que la derogación de la ley haga eso, ni en Grecia ni en Reino Unido, casos que tuvieron desregulación”, explicó. Además, señaló que parte del debate surge de comparar al libro con cualquier otro producto de consumo, sin tener en cuenta sus características particulares.

En ese sentido, el representante de remarcó que el mercado del libro tiene una particularidad vinculada a la propiedad intelectual. “Un libro no es como cualquier otro objeto, no por una dimensión mágica sino por una protección de derechos de autor”, afirmó. Como ejemplo, explicó que la eliminación de la regulación no permitiría que aparezcan nuevas ediciones de una obra si otra empresa no cuenta con los derechos correspondientes. “Si querés leer un libro de Harry Potter y te parece caro, si se desregula la ley no puede aparecer otra editorial y publicarlo si no ostenta los derechos para hacerlo”, señaló.

Desde el sector sostienen que el precio final de un libro no depende únicamente del sistema de comercialización.

Por ese motivo, desde el sector sostienen que el precio final de un libro no depende únicamente del sistema de comercialización. Según Malumián, el valor de cada ejemplar está determinado principalmente por los costos de producción y las decisiones de cada editorial. “El precio particular de ese libro depende siempre de la editorial, con o sin ley”, explicó. Además, recordó que la normativa actual permite realizar promociones bajo determinadas condiciones y que la competencia no está limitada únicamente al descuento.

Uno de los factores que más incide en el costo de los libros es la producción del ejemplar. “Si vamos a la composición del precio de venta el gran problema es el papel y su costo”, sostuvo Malumián. El papel representa una parte significativa del valor final y su precio está vinculado a un mercado con costos dolarizados y una oferta concentrada, según explican desde el sector editorial.

La experiencia de otros países es uno de los puntos centrales del debate. Quienes defienden la continuidad de la Ley del Libro mencionan especialmente el caso del Reino Unido, donde en la década de 1990 se eliminó una regulación similar. La expectativa inicial era que la competencia redujera los precios, pero con el paso del tiempo el sector atravesó una fuerte concentración y numerosas librerías independientes cerraron.

Un fenómeno similar es mencionado por Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, al referirse a los efectos que tuvieron los procesos de desregulación en otros mercados. Para él, la experiencia internacional muestra que esos cambios pueden alterar las condiciones de competencia. “Los lugares donde se eliminaron estas leyes, los actores que impulsaron su derogación las utilizaron para eliminar a la competencia más pequeña. Y, cuando esos competidores más pequeños cerraron, los precios volvieron a subir”, afirmó.

Juan Manuel Pampín cuenta que cuando Amazon ingresó en Brasil "las dos cadenas de librerías más importantes del país desaparecieron".

Pampín también señaló el caso de Brasil como un ejemplo de concentración del mercado editorial. “Amazon ingresó hace un tiempo y las dos cadenas de librerías más importantes del país desaparecieron”, sostuvo. A su juicio, ese proceso mostró cómo una modificación de las reglas comerciales puede alterar el equilibrio del ecosistema editorial.

En Argentina, quienes defienden la continuidad de la norma destacan que existe un amplio consenso dentro de la cadena del libro. “Las editoriales pequeñas, grandes, las librerías pequeñas y grandes, las distribuidoras y los autores estamos de acuerdo con esta ley”, afirmó Pampín. Según explicó, la normativa no fue una imposición externa, sino una herramienta impulsada por los propios integrantes del sector para ordenar el funcionamiento del mercado.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con las consecuencias que podría tener una eventual derogación de la ley sobre las librerías independientes. “Cuando cierra una librería, quienes principalmente pierden son los lectores, porque pierden diversidad, bibliodiversidad e identidad”, expresó Pampín.

La función cultural de las librerías es otro de los aspectos que el sector busca destacar en este debate. “La librería también funciona como un espacio para la presentación de libros, como un centro cultural y como un lugar de recomendación de traductores, diseñadores y otros profesionales vinculados al mundo editorial”, explicó.

Además, advierte que la modificación del sistema podría afectar a otros integrantes de la cadena. “Las regalías que reciben los autores, los ilustradores y todos los integrantes de la cadena del libro también están basadas en el precio fijo o precio uniforme del libro”, señaló Pampín. Según explicó, conocer previamente el precio de venta permite establecer con mayor claridad la remuneración que reciben quienes participan en la creación de una obra.