JUEVES 09 DE JULIO DE 2026
“El Gobierno de Milei insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad. Por eso ahora me comprometí a impulsar esta denuncia, frente al incumplimiento de la sentencia que obliga al ministro Lugones a brindar las prestaciones en materia de discapacidad que no se están cumpliendo”, explicó la legisladora de Defendamos Córdoba.
Señaló, además, que “los pagos cesaron en diciembre de 2025, mientras que en otro se registraron hasta febrero de este año”, y recordó el fallo del juez federal Hugo Vaca Narvaja quien hizo lugar a la presentación de un amparo colectivo impulsado por organizaciones y familias para que las entidades regularicen los pagos y garanticen las prestaciones.
La sentencia, notificada bajo apercibimiento al funcionario, tenía un plazo de 72 horas que venció la semana pasada. En tal sentido, De La Sota acusó que “todo tiene un límite y yo no voy a permanecer indiferente”, y repudió que el gobierno de Javier Milei lleve dos meses incumpliendo la cautelar.
A partir de la presentación del amparo judicial presentado por las organizaciones, el Estado Nacional presentó tres recursos de apelación y dos de queja. Cabe recordar que muchas prestaciones dejaron de abonarse desde diciembre del 2025.
A partir de la presentación del amparo judicial presentado por las organizaciones, el Estado Nacional presentó tres recursos de apelación y dos de queja. Cabe recordar que muchas prestaciones dejaron de abonarse desde diciembre del 2025.
El juez Vaca Narvaja había dispuesto el 28 de mayo pasado que el Estado nacional pagase las deudas y fijó una vigencia de seis meses para la medida cautelar, o hasta el dictado de una sentencia firme. El magistrado, además, había señalado que el Gobierno se encuentra “en mora” con el cumplimiento de sus obligaciones y alertó sobre “el riesgo inminente” para las personas con discapacidad.
El fallo buscaba que se garantice con la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.
