SáBADO 31 DE OCTUBRE DE 2026
No alcanza con la diplomacia ni tampoco con proyectos de ley a la carta redactados por intereses ajenos a los argentinos”, argumentó la diputada y aclaró: “Por eso proponemos prohibir el tránsito de los buques saqueadores, crear un registro de buques infractores y establecer sanciones reales para proteger lo que nos pertenece”.
El proyecto establece en su artículo 1 que el tránsito de buques o artefactos navales, cualquiera sea su bandera, que se dirijan a puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur, yu los espacios marítimos e insulares correspondientes, o que provengan de ellos, o que transporten cargas o personas vinculadas directa o indirectamente a actividades de logísticas, militares, hidrocarburíferas, pesqueras o de infraestructura en dichos territorios, no constituye paso inocente en los términos del derecho internacional y de la posición soberana de la República Argentina.
La iniciativa también prohíbe el tránsito por aguas bajo jurisdicción argentina de todo buque o artefacto naval que realice actividades descriptas previamente. “La Prefectura Naval Argentina o la Armada en caso de corresponder, adoptarán las medidas necesarias para impedir dicho tránsito, incluyendo la intimación a detener la marcha, modificar el rumbo o abandonar las aguas jurisdiccionales, y procederá a la identificación y registro del buque y de su carga”, plantea.
Además, prohíbe emitir autorización, permiso o habilitación alguna que permita el tránsito de buques comprendidos en el artículo 1 y establece que “la solicitud que se presente en tal sentido será inmediatamente rechazada por la autoridad competente sin sustracción, por resultar contraria a la calificación legal”.
También, propone la creación de un Registro de Buques Infractores en el ámbito de la Prefectura Naval Argentina en el que se asentarán los buques que hayan realizado o intentado realizar actividades prohibidas. “La inscripción será comunicada a las autoridades portuarias, aduaneras y migratorias, y será considerada a los efectos de la contratación del Estado y del acceso a puertos argentinos”, agrega.
