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El temario se acordó este martes durante una reunión de los jefes de bloques en Labor Parlamentaria, en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La sesión, la tercera desde que arrancó el periodo ordinario, se realizará desde las 15. Por la mañana habrá una nueva audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que se prevé extensa.

Precisamente será la quinta audiencia, por donde pasaron los candidatos al Poder Judicial propuestos por el Poder Ejecutivo. La semana pasada, cuando culminó la tercera, senadores dialoguistas no firmaron los dictámenes y reclamaron que el Gobierno envíe postulantes para cubrir vacantes en el interior del país, ya que, en su mayoría, el alrededor de los 80 pliegos actualmente en análisis corresponde a Capital Federal o provincia de Buenos Aires.

Por ese motivo, el PEN envió una nueva tanda de pliegos “más federal”, a la que se le dará ingreso formal en la sesión del jueves, es decir, tomarán estado parlamentario.

Aunque cuenta con dictamen, el proyecto que busca endurecer penas por falsas denuncias, motorizado por la radical Carolina Losada, no será parte de la sesión. Con el correr de los días fue perdiendo apoyos y ganando un amplio rechazo, incluso una denuncia contra la senadora.

Por otra parte, formarán parte del temario tratados internacionales con Singapur, Suiza y San Marino, que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el arranque se espera que haya varias cuestiones de privilegio de la oposición.

Acuerdo con fondos buitre

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.

Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.

Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

Pliego de Carlos Mahiques

El Senado tratará el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por medio del cual se le prorrogará por cinco años más su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente fue enviado por el Poder Ejecutivo un mes antes de la asunción de su hijo al frente de la cartera de Justicia -más precisamente el 4 de febrero-, y luego que el camarista solicitara la extensión.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del PEN.

El pasado 16 de abril, el juez expuso en audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por varias horas y fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido

Armas

El proyecto sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde octubre del año pasado.

El texto plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.