La historia de los fondos reservados viene de mucho antes. Durante distintos gobiernos militares se creó un esquema especial de dinero destinado, al menos en los papeles, a tareas de inteligencia y seguridad. En 1956, la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu impulsó normas secretas vinculadas a esos recursos, y años después el régimen de Juan Carlos Onganía amplió todavía más ese sistema mediante leyes reservadas que permitían manejar partidas sin controles públicos.
En teoría, esos fondos no estaban pensados para pagar salarios extras. Pero en la práctica, con el paso del tiempo, comenzaron a utilizarse para repartir dinero por fuera de los sueldos oficiales.
La abogada Natalia Volosin explicó que gran parte de esos pagos salían de la vieja SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. “Se retiraba efectivo de los fondos reservados y se entregaba plata en negro, sin controles formales, a funcionarios de primera línea del gobierno de Carlos Menem”, señaló al portal El Auditor.
Fue durante la presidencia de Carlos Menem cuando el sistema quedó más expuesto. Años después, incluso el ex ministro de Economía Domingo Cavallo reconoció públicamente la existencia de esos pagos adicionales.
La trama salió a la luz por otro escándalo de corrupción. Según recordó Volosin, la primera funcionaria del menemismo golpeada de lleno por investigaciones judiciales fue María Julia Alsogaray, quien enfrentaba múltiples causas por enriquecimiento ilícito.
En medio de una de esas investigaciones, Alsogaray intentó justificar parte de su patrimonio diciendo que parte de sus ingresos provenían de pagos realizados por el propio Estado. Sin quererlo, terminó revelando el mecanismo de los sobresueldos.
A partir de ahí, la Justicia descubrió que fondos reservados administrados por la SIDE habían sido usados para pagar adicionales a ministros, secretarios, subsecretarios y asesores del Poder Ejecutivo.
“El hecho de que la plata saliera del Estado no hacía legal el sistema”, explicó Volosin. “Esos fondos estaban destinados a inteligencia, no a complementar salarios”.
Las consecuencias judiciales llegaron años más tarde. En 2015, Carlos Menem fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos con dinero de la SIDE. En la misma causa también recibieron condenas Domingo Cavallo y el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.
La ex titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, aclaró que los fondos reservados existen en muchos países y no son ilegales por sí mismos. Generalmente se utilizan para tareas sensibles de defensa, seguridad o inteligencia, y por eso no tienen publicidad abierta.
El problema aparece cuando ese dinero se desvía para otros fines. “Usar esos recursos para pagar sobresueldos constituye malversación de fondos públicos”, advirtió.
Después de la crisis política de los años noventa y principios de los 2000, el sistema empezó a cambiar. Entre 2005 y 2006 el Congreso eliminó las leyes secretas que habían funcionado durante décadas y limitó el uso de fondos reservados exclusivamente a cuestiones de inteligencia y seguridad.
Más adelante, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la SIDE fue reformada y convertida en la AFI. La idea era reducir el nivel de discrecionalidad y obligar a documentar internamente cómo se utilizaban esos recursos, aunque siguieran siendo confidenciales.
Sin embargo, con el correr de los años muchos de esos controles fueron perdiendo fuerza. Actualmente, la Comisión Bicameral encargada de supervisar los organismos de inteligencia ni siquiera está funcionando de manera efectiva.
Para Volosin, eso deja un escenario preocupante. “Hoy prácticamente no hay controles reales. La SIGEN no puede auditar porque son fondos reservados, la AGN llega tarde y el único organismo que debería fiscalizar ni siquiera está activo”, resumió.
