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El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Castagneto presentó un proyecto de resolución para citar al ministro de Salud, Mario Iván Lugones, a fin de que brinde informes en la Cámara baja sobre presuntas irregularidades y subejecución presupuestaria en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) durante los ejercicios 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.

La iniciativa, basada en el artículo 71 de la Constitución Nacional, apunta a que el funcionario explique el alcance del desfinanciamiento denunciado en áreas clave como la asistencia a pacientes con cobertura pública exclusiva, los programas vinculados a la enfermedad renal crónica y la implementación de unidades hospitalarias para procuración de órganos y tejidos.

En los fundamentos del proyecto, Castagneto advierte que durante 2024 se registraron niveles significativos de subejecución de partidas. Por ejemplo, en programas destinados a la atención de pacientes sin cobertura plena, de un crédito vigente de 5.931 millones de pesos se ejecutó apenas el 63%.  Asimismo, en iniciativas financiadas con crédito internacional para fortalecer la red hospitalaria y el abordaje de enfermedades renales, el nivel de ejecución habría sido aún menor, con transferencias que no alcanzaron la totalidad de los fondos disponibles.

El texto también señala demoras y recortes en la transferencia de recursos a las provincias, lo que obligó a distintas jurisdicciones a cubrir con fondos propios insumos y prestaciones que corresponden al Estado nacional.  En ese marco, se advierte que estas restricciones impactan directamente en el normal funcionamiento del sistema de procuración y trasplante, reconocido a nivel nacional por su coordinación entre organismos nacionales y provinciales.

Otro de los puntos críticos mencionados es la afectación de programas de seguimiento de pacientes trasplantados. Según el proyecto, se habrían registrado discontinuidades en la provisión de medicamentos inmunosupresores destinados a más de 5.400 personas, lo que podría comprometer la salud de quienes dependen de esos tratamientos para sostener los órganos trasplantados.

Además, la iniciativa advierte que la ejecución de programas clave, como el fortalecimiento de unidades hospitalarias especializadas, habría quedado muy por debajo de lo previsto. En algunos casos, las transferencias efectivas representaron menos del 20% del crédito vigente, lo que, según el texto, limita la capacidad operativa del sistema sanitario y afecta tareas esenciales como la detección de donantes, la capacitación profesional y el seguimiento clínico.

El proyecto sostiene que el deterioro en el financiamiento pone en riesgo un sistema que posicionó a la Argentina como referente en materia de donación y trasplante de órganos, y que requiere una coordinación permanente entre Nación y provincias para su funcionamiento.

En ese contexto, Castagneto fundamenta la citación de Lugones en la necesidad de esclarecer la gestión presupuestaria y garantizar la continuidad de políticas públicas consideradas esenciales para la atención de pacientes en lista de espera y trasplantados en todo el país.