Así lo reveló un estudio de la organización 5Rights Foundation, realizado en México junto al Instituto Nacional de Salud Pública, que Protección Digital Argentina difundió recientemente. El documento confirmó, además, que los avatares accedieron a esas redes simplemente ingresando una fecha de nacimiento falsa, sin ningún proceso de verificación real de la edad.
Para Facundo Hernández, cofundador de Protección Digital Argentina y ex defensor Adjunto de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA), el estudio ilustra con precisión el problema de fondo. "Hoy los chicos pueden entrar a estas redes a cualquier edad y recibir todo ese tipo de contenido inapropiado", señala en diálogo con El Auditor.info. Y agrega: "Las redes no establecen criterios sólidos".
Hernández conoce el tema desde adentro. Su paso por la Defensoría Nacional de NNyA y su experiencia previa en el sector tecnológico lo llevaron a fundar Protección Digital Argentina, desde donde armaron un observatorio legislativo para monitorear los proyectos que circulan en el Congreso. Su diagnóstico es que la mayoría de las iniciativas fragmentan el problema -algunas apuntan a la educación y otras a la prohibición de celulares en las escuelas-, pero pocas abordan la raíz: el diseño mismo de las plataformas.
"Hoy los chicos pueden entrar a estas redes a cualquier edad y recibir todo ese tipo de contenido inapropiado", plantea Facundo Hernández, cofundador de Protección Digital Argentina
"El asunto de fondo es que el diseño de las redes está hecho para manipular. Hay que apuntar a que ese diseño sea apropiado para la edad", explica. En ese sentido, Hernández destaca el concepto de dark patterns o patrones oscuros. Se trata de mecanismos de interfaz deliberadamente confusos que llevan a los usuarios -sobre todo a los más jóvenes- a aceptar configuraciones desfavorables, compartir más datos de los necesarios o pasar más tiempo conectados del que quisieran. "Pero cuando querés salir o modificar algo, los botones están perdidos. Por eso se habla del diseño adictivo", aporta.
Protección Digital Argentina impulsó un proyecto de regulación integral que recoge tiempo y trabajo en el campo de los derechos digitales de la infancia. La iniciativa exige que las plataformas identifiquen, evalúen y reduzcan de manera efectiva y verificable los riesgos que generan para niñas, niños y adolescentes. No alcanza con respuestas voluntarias o formales: cuando un servicio detecta riesgos significativos para menores, debe quedar obligado a reducirlos. Entre sus ejes centrales se encuentran la seguridad desde el diseño y apropiada para la edad, la verificación de edad efectiva con protección de datos, límites al perfilamiento y a la publicidad dirigida a menores, transparencia algorítmica, evaluaciones de impacto con supervisión estatal y organismos de control con régimen claro de sanciones.
"Hay que facilitar lo más posible mecanismos de control que permitan una circulación saludable y segura", plantea el diputado Esteban Paulón
Para Hernández, el núcleo del problema es que las plataformas fueron concebidas para maximizar la permanencia y la extracción de datos, y recién después incorporan herramientas opcionales de cuidado. "La prevención tiene que estar integrada desde el inicio: en la arquitectura de las plataformas, en las configuraciones predeterminadas, en los sistemas de recomendación", sostiene.
Uno de los legisladores que más activamente trabaja la agenda es Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, cuya propuesta coincide en varios ejes con lo que viene planteando Protección Digital Argentina. Además, hay iniciativas de Juan Grabois, Maximiliano Ferraro, Jimena López y Pablo Yedlin, entre otros.
“Presentamos un proyecto que va muy en línea con lo que están marcando las organizaciones”, dice. Entre sus puntos no negociables, el diputado subraya la verificación fehaciente de la edad -“hay biometría, hay tecnologías que lo permiten, y eso tiene que ser obligatorio”- y el control parental instalado por defecto en dispositivos destinados a menores. “No puede ser algo optativo y que requiera instalarse; hay que facilitar lo más posible mecanismos de control que permitan una circulación saludable y segura”, plantea.
Paulón también advierte que el problema tiene un componente educativo insoslayable. Así como existe la Educación Sexual Integral (ESI), argumenta, es necesario incorporar educación digital para las infancias, pero también para las familias. "Si no hay de la mano una educación que incluya también a los padres y madres acerca de cómo acercarse a ese mundo, de cómo ver qué está pasando ahí, obviamente es complejo", afirma.
Los debates en comisión ya comenzaron -hubo una reunión reciente de la comisión de Familia con presencia de casi todos los bloques- aunque reconoce que hay sectores del oficialismo que muestran reticencias. "Algunos plantearemos políticas más regulatorias y otros menos, pero sin dudas que necesitamos algunas herramientas", concluye.
Uno de los puntos más complejos es cómo verificar la edad sin convertir ese proceso en un mecanismo de vigilancia o en una nueva vía de extracción de datos. Hernández describe el sistema que más consenso técnico está generando a nivel internacional: el llamado "doble ciego". En este modelo, la plataforma acude a un organismo estatal -en Argentina podría ser el Registro Nacional de las Personas- para confirmar si el usuario tiene la edad requerida, pero sin saber en qué red quiere ingresar ni para qué.
Como el Estado es quien tiene la confianza de la ciudadanía para la identificación, las empresas deben acudir a él para corroborar la edad. "A su vez, el Estado no tiene por qué saber bien quién le está pidiendo esa verificación", explica.
La mera autodeclaración -el sistema actual- se vislumbra insuficiente. El estudio de avatares lo demostró de manera inapelable: basta con ingresar una fecha de nacimiento falsa para acceder a cualquier contenido, sin ningún tipo de control efectivo.
El contexto global pone en evidencia el rezago. La Unión Europea, el Reino Unido, Brasil, Australia, Francia y Portugal ya regularon o están en proceso avanzado de hacerlo. Argentina sigue respondiendo con parches: prohibiciones de celulares en algunas provincias, proyectos aislados y autorregulación empresarial.
Cuando Hernández fue defensor, las propias empresas le mostraron sus herramientas de control parental. Con ese conocimiento, llegó a su casa e intentó aplicarlas para establecer límites a sus hijos. "No es fácil encontrar los controles parentales", recuerda. Esa dificultad no parece accidental, sino parte del diseño.