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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dio por concluida la investigación y elevó el expediente, al considerar que Asensio actuó como testaferro para ocultar la verdadera titularidad del vehículo y disimular el patrimonio de D’Onofrio, en un «típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos».

La elevación a juicio está directamente vinculada a otra investigación que avanza en la Justicia provincial, donde el fiscal Álvaro Garganta solicitó que D’Onofrio también sea sometido a juicio por presuntas irregularidades en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Según la acusación, varias empresas concesionarias habrían sido obligadas a contratar a una firma vinculada al exministro para administrar el sistema de turnos —una empresa sin antecedentes en el sector tecnológico que habría recaudado cerca de 5.000 millones de pesos en poco más de un año—, y la Justicia sospecha que parte de esos fondos podrían haber sido utilizados para la compra de la camioneta. Además, Garganta analiza otra presunta maniobra relacionada con una red de gestores que ofrecían descuentos para eliminar multas de tránsito, con participación de jueces de faltas.

Investigación adicional

Durante la investigación también se analizaron otros bienes de lujo vinculados a D’Onofrio. La UIF remitió información desde España sobre la concejal pilarense Claudia Pombo, cercana al exministro, quien había constituido una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes, sociedades que fueron disueltas poco después de que trascendieran las sospechas judiciales.

Compra del Audi Q8

Para justificar la compra de la Audi Q8, Asensio presentó un contrato de mutuo por 30 millones de pesos con la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA, una sociedad creada poco antes de la operación y puesta a nombre de sus padres, maniobra que la Justicia consideró destinada a encubrir el verdadero origen de los fondos. FUENTE: AG. DE NOTICIAS InfoGEI